Santo Domingo, RD.- La procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, declaró este jueves que los fiscales de esa institución están trabajando con criminalidad organizada y personas que tienen altos niveles de conocimientos para ocultar sus huellas.
“Estamos trabajando con personas inteligentes, que saben tapar sus huellas, que en los papeles todo cuadra; o sea… la contabilidad formal de las empresas e instituciones estatales en las que se cometieron actos de corrupción, cuadra a la perfección, porque ellos saben cómo hacerlo”, aseguró la magistrada, al ser entrevistada en Despierta con CDN.
A la pregunta sobre si el plazo de 18 meses de prisión preventiva que el Ministerio Público solicita en los casos de corrupción obedece a un guión previamente establecido, la fiscal respondió que son los plazos que la Ley les permite para poder hacer investigaciones más eficientes.
“Estamos trabajando con criminalidad organizada, personas que tienen altos niveles de conocimientos de lo que están haciendo. Entonces, no es que tenemos el plazo de 18 meses de coerción como un cliché o fórmula, sino que es el plazo máximo que nos permite la ley, acudimos a ese plazo porque es lo único que tenemos, sin fuera más, pidiéramos más”, expuso.
Sostuvo que por esta situación en la mayoría de los casos han tenido que solicitar prórroga del plazo de investigación, ya que el tiempo no les alcanza.
Citando una frase de la magistrada Yeni Berenice, dijo: “Si se ha robado mucho hay que investigar mucho”. Y, agregó, “nosotros tenemos un tiempo limitado por ley para investigar hasta 10 años de actividad criminal”.
Explicó además, que los fiscales no pueden presentar actos conclusivos sin tener resultados de las auditorias que realiza la Cámara de Cuentas, razón por la que los jueces proceden a otorgarles prórrogas, sobre todo cuando comprueban que el MP actuó de manera diligente.
“No somos responsables de cuándo llega la respuesta de la Cámara de Cuentas, pero hay que ver la carga de trabajo que tiene ese organismo actualmente. Solo con el caso del Pepca es mucho, imagínese con los casos regulares que deben cubrir”, añadió.
Solicitud de prisión preventiva
A la magistrada Mirna Ortiz también se le cuestionó por qué habiendo tantas modalidades de medidas de coerción, casi siempre se solicita la prisión preventiva, siendo esta la excepción, a lo que respondió diciendo que se trata de personas que tienen poder político y económico que alterar pruebas y amedrentar testigos a fin de borrar las evidencias.
“Por ejemplo, en los casos Coral y Coral 5G están acusados altos militares que tienen poder de influencia, militares activos al día de hoy. Imaginemos a estas personas en libertad, con posibilidad de dirigir, llamar, dar órdenes, alterar pruebas o evidencias y amedrentar testigos”, argumentó.
